Nuevo canon SGAE ...¿y van?

venia en una carta de propaganda electoral del pp :?

Ah!
Es como en mi casa esas cosas van de frente al reciclaje...

venia en una carta de propaganda electoral del pp :?

Ah!
Es como en mi casa esas cosas van de frente al reciclaje...

ya veo ya, que reciclas y todo!! que progre....

Y esta, dedicada a DonPablo, que sé que le va la marcha...

MEDIANTE LICENCIAS DE EXPLOTACIÓN DE OBRAS
Un estudio del Instituto de Autor aboga por gravar el acceso a internet para usar las redes P2P
El Instituto de Derecho de Autor, vinculado a la SGAE, acaba de publicar el primer tomo de la colección IDEA , en el que aborda el intercambio de archivos a través de las redes peer-to-peer (P2P). El estudio opta por regularizar este tipo de prácticas instaurando un sistema de licencias que permita la explotación de obras protegidas. Así, los usuarios tendrían que abonar un plus a su operador de internet para compartir archivos.
Noticia publicada el 03-03-2008
LD (M. Llamas) El debate está, nuevamente, encima de la mesa. La polémica que ha suscitado la implantación del denominado canon digital apenas constituye una pieza más del particular puzzle vinculado a los derechos de propiedad intelectual.
Y es que, el citado canon, aprobado por el Gobierno en 2006, nace con el objetivo de compensar de forma equitativa la remuneración que dejan de percibir los autores por la copia privada que los particulares realizan de sus obras. La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) opta por extender el canon a todo tipo de soportes tecnológicos susceptibles de reproducir o almacenar contenidos protegidos por los derechos de autor.
Sin embargo, existen otros frentes de controversia jurídico-económica que serán abordados en el futuro próximo. Es el caso del intercambio de obras protegidas a través de las plataformas P2P. El Instituto de Derecho de Autor, vinculado a la SGAE, acaba de iniciar la colección IDEA, cuyo primer tomo aborda un tema de plena actualidad: Cómo regular el intercambio libre y gratuito de ficheros audiovisuales en la red, sin que ello suponga un perjuicio para los titulares de tales obras.
Dicho estudio, a cargo de Rafael Sánchez Aristi, profesor de Derecho Civil de la Universidad Rey Juan Carlos, contempla tres posibles mecanismos para solucionar dicha cuestión: El intercambio de archivos como una actividad amparada y permitida por un límite legal; aplicar un derecho de remuneración o canon sobre los medios técnicos empleados para el desarrollo de tal actividad; y, finalmente, configurar un sistema de licencias (particulares o colectivas) para permitir la explotación de obras protegidas a través del P2P.
Descarta un canon extra
En este sentido, Aristi se decanta por la tercera opción. Así, los usuarios o los operadores de red tendrían que obtener una licencia para acceder a este tipo de servicios, a semejanza de todos aquellos sistemas que “ponen en juego derechos exclusivos de propiedad intelectual”.
De este modo, los particulares tendrían que pagar un complemento en su servicio de red, ya sea directamente o a través de su operador, para poder acceder a las plataformas de intercambio de ficheros.
Durante la presentación del libro Aristi apuntó la posibilidad de que, a la hora de contratar un servicio de internet, el usuario pueda optar por el simple acceso a la red sin poder intercambiar archivos mediante P2P, o bien hacer uso de las plataformas P2P, teniendo que pagar algún tipo de complemento por ello.
Esta licencia debería cubrir “todas las modalidades de explotación que el intercambio P2P pone en juego” (carga y descarga), según el estudio. Adicionalmente, “dado que la actividad del operador P2P se ha de considerar tan relevante como la del usuario, la comercialización de un software P2P debería ser en sí misma sometida a licencia”.
Según Aristi, la solución óptima consistiría en canalizar “las autorizaciones hacia los operadores P2P, quienes deberían proveerse de una licencia que diese cobertura tanto a su actividad (proveer medios que sirven para sostener el tráfico P2P) como a la de sus usuarios (compartir archivos en redes P2P)”.
En este sentido, el “escenario ideal” para el operador de una de estas plataformas sería tener bajo licencia los derechos de todos los titulares (autores y artistas) potencialmente afectados (esto es, el repertorio universal). Así los usuarios “serían libres de intercambiar sin ninguna limitación todos los contenidos”, advierte. En caso contrario, los intercambios tendrían que limitarse al espectro de obras autorizadas bajo licencia, previo pago.
Por otro lado, Aristi descarta la aplicación de un canon sobre equipos, aparatos y medios que sirvan para facilitar dicha actividad, debido a que “reviste diversos inconvenientes”, como el cálculo de dicho gravamen. Además, resultaría “injusto” porque afectaría a una gran cantidad de usuarios que, en muchos casos, no están involucrados en el intercambio de archivos.
Por último, la imposición de un canon sobre el P2P suscitaría “la misma clase de contestación” que ha originado el canon digital, indica. “Sobre todo, si se tiene en cuenta que muchos equipos y materiales pasarían a sufrir un doble gravamen, el de copia privada y el de P2P, con la consiguiente dificultad de deslindar la parte correspondiente a cada uno”, según el estudio.
El Instituto de Derecho de Autor es un centro dedicado al estudio y difusión de la propiedad intelectual, presente en diversos foros (como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, depende de la ONU), y advierte que no comparte, necesariamente, los postulados que los autores exponen en las obras publicadas por dicho organismo.

O sea, que al final el tema de esta caza de brujas no es proteger a la música ni a los músicos, sino chupar de donde sea, está claro.
Me parece penosa la lucha de la SGAE, y resulta patético que intenten hacernos creer encima que es por el bien de la música. No cuela señores; me parece lógico que sigan queriendo chupar como siempre lo hicieron, pero que además nos quieran hacer tontos vendiendonos la moto... Va a ser que no.

se les ha quedao el culo al aire

¿Pagan el canon digital los partidos políticos?
Dos asociaciones denuncian ante el Tribunal de Cuentas que CiU, PSOE y PP han estado exentos
En 2006 se celebraron elecciones al Parlamento de Cataluña. Durante la campaña electoral, Convergència i Unió (CiU) repartió un millón de DVD propagandísticos que, como todos, debían estar sujetos al pago del canon digital. Según la denuncia que han presentado ante el Tribunal de Cuentas dos asociaciones de empresarios, el partido dirigido por Artur Mas no ha declarado el pago de dicho gravamen.
La denuncia, presentada por el abogado Josep Jover en nombre de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE), parte de una premisa: si un DVD soporta un canon de "hasta 1,2 euros", el millón repartido por CiU durante la campaña hubiera significado el pago de 1.200.000 euros en concepto de canon , lo que representaría un tercio del presupuesto declarado por el partido para dicha campaña.
Según la denuncia, dicha cantidad "no consta en la liquidación correspondiente al proceso electoral" ni tampoco está contabilizada en los informes de gestión de las entidades de gestión de derechos de autor.
Jover, en nombre de sus representados, asegura que la ley obliga a desglosar en cada factura el gasto correspondiente al producto en sí (un DVD, en este caso), al IVA y al canon digital al que está sujeto y que los partidos, en tanto que entidades públicas, también deben presentar dicho desglose en sus cuentas.
"Tienen la obligación de presentar ese desglose", asegura Jover, "y si lo han pagado y no les han dado una factura desglosada, de reclamarla". El abogado concede que los partidos pueden haber abonado el canon al comprar los DVD, pero también cree que ellos son los primeros que deben cumplir con la ley.
Diez millones por 15 años
El caso de CiU es sólo un ejemplo. Jover, en su denuncia, va más allá. "El PSOE ha actuado y actúa como una verdadera fábrica de DVD en todos los niveles de sus estructuras: local, regional, autonómico y estatal" lo que significaría, sólo a nivel municipal, "diez millones de DVD al año"... y eso multiplicado por 15.
Y es que el derecho de autor tiene un carácter "civil, irrenunciable y reclamable por parte de los autores y de las entidades que representan con un plazo de prescripción de 15 años".
Multipliquen ustedes. Y luego, sumen, porque ningún partido se libra en la denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas del Reino. Así, el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el Partido Popular, repartió 998.000 vídeos en DVD para promocionar las obras de soterramiento de la M30 con un coste declarado de 420.000 euros cuando, según los denunciantes, sólo en concepto de canon deberían haberse abonado 1.119.760 euros (más IVA).
Mitin: 87,46 euros
La denuncia, sin embargo, no se queda ahí. Las entidades de gestión de derechos de autor cobran a los partidos políticos un canon por la organización de mítines que, según rezan las tablas publicadas por la propia SGAE , puede ir desde los 30 euros en ciudades pequeñas hasta los 87,46 euros en grandes capitales.
Esta cantidad representa para los denunciantes una "financiación encubierta" de los partidos políticos, que aprovechan su poder para conseguir precios "50 veces más bajos que los que recibiría un ciudadano en las mismas condiciones".
Jover expone como ejemplo un acto de solidaridad celebrado en Málaga en beneficio de niños saharauis para recaudar dinero que sería destinado a construir escuelas en el Sahara. Los organizadores del evento, el sindicato CC OO, tuvo que abonar a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) la nada desdeñable cifra de 3.262,60 euros.
Las fundaciones, también
Pero no acaba ahí la búsqueda de supuestos beneficiados por las entidades de gestión de las asociaciones denunciantes. Las fundaciones de los partidos políticos reciben financiación por parte de dichas entidades.
Así, según se asegura en la denuncia, en el listado de entidades subvencionadas por SGAE del año 2005 aparecen, entre otras, Fundación FAES (vinculada al PP) y la Fundación Carolina, Indalecio Prieto, Jaime Vera, Largo Caballero y Pablo Iglesias, todas ellas vinculadas al PSOE.
En el trasfondo de la denuncia, basada en algunos momentos en formalismos o tecnicismos, está la indignación de los denunciantes, cuyos asociados están sufriendo el acoso de las entidades de gestión.
Ana María Méndez, fundadora de APEMIT, asegura que sus asociados se enfrentan a demandas de 120.000 ó 125.000 euros en concepto de canon por los productos que sus tiendas compraron (no los que vendieron) entre 2000 y 2002. Según denuncia, el 40% de las pequeñas tiendas de informática se han visto obligadas a cerrar.
Además, tal y como denuncia el propio Josep Jover, la cosa no acaba cuando pagas a una entidad de gestión, ya que, al existir múltiples de estas entidades, "nunca sabes cuándo va a aparecer otra por la puerta a pedirte su particular portazgo".
Jover no tiene mucha confianza en que su denuncia sea atendida y cree que acabará en un silencio administrativo. "Si ocurre, iremos a un contencioso administrativo. Y tenemos todas las de ganar".

Esto es acojonante: hasta para dar un mitin hay que pagar a la SGAE
Menuda M-A-F-I-A

Y es que con esa pasta compran a tó quisqui….¡Acojonante!

Madre mía.....
Ya vereis. si el sábado veis a alguien en el puerto de negro y detenido por la guardia civil seré yo, que estaba silbando la canción de victor manuel de asturias jajajajajaja