El Principado cobrará a partir de 2010 los rescates provocados por imprudencias
El Ejecutivo implantará una tasa que tendrán que abonar aquellas personas cuyas negligencias obliguen a movilizar equipos de emergencia
Cangas de Onís,
Alba SÁNCHEZ R.
Las imprudencias se pagan, y en la montaña asturiana, también con dinero. El Gobierno del Principado implantará el año próximo la denominada «tasa de rescate», que tendrán que abonar todas aquellas personas cuyas negligencias o imprudencias obliguen a movilizar equipos de emergencia. Así lo anunciaba ayer la consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera, en el acto de presentación, en el Ayuntamiento de Cangas de Onís, de las tres empresas y cooperativas forestales que prestarán servicio de vigilancia y extinción de incendios en el Oriente, en colaboración con los servicios del Principado.
La tasa por rescate en ningún caso tendrá «afán recaudatorio», según destacó Ramos, pero sí de concienciación o «reflexión ciudadana». La idea del Ejecutivo regional es clara: quiere que los ciudadanos sean conscientes de los elevados gastos que ocasionan las negligencias, así como el número de vidas que se ponen en juego en cada intervención. Un ejemplo: el uso durante tres años del helicóptero medicalizado de Bomberos de Asturias le cuesta al Principado 8.700.000 euros.
En principio, el Principado anunció que implantaría la tasa de rescate sólo para las actuaciones en la montaña, aunque hay quien demanda que se cobre en toda la región, puesto que también se registran imprudencias en zonas como la costa.
Ramos presentó ayer los detalles de los contratos con las empresas y cooperativas forestales que colaborarán en la vigilancia y extinción de incendios en el Oriente. Estos acuerdos se realizan para complementar, cuando sea necesario, el trabajo que desarrolla el personal de Bomberos de Asturias.
La consejera destacó que, con el objetivo de garantizar una respuesta más rápida y eficaz, se han ampliado las zonas de actuación de las empresas y cooperativas forestales, prestando especial atención aquellas zonas con mayor incidencia en lo que se refiere a incendios.
Esto significa que si en años anteriores el Oriente estaba dividido en tres zonas de actuación -cubierta cada una de ellas por una cuadrilla compuesta por un mínimo de cuatro personas-, ahora el mismo territorio se ha divido en cinco zonas, lo que supone el trabajo de cinco cuadrillas (al menos 8 personas más). El importe de los contratos asciende a 227.920 euros. Bomberos desveló que en los primeros diez meses de este año se han registrado en el Oriente 1.462 incendios forestales, que han afectado a 2.766 hectáreas. En su mayor parte la superficie calcinada fue matorral y monte bajo, sólo 156 de las hectáreas afectadas eran terreno arbolado.
Llanes, con 148 incendios forestales, seguido de Piloña con 135 y Cangas de Onís con 105, fueron los concejos que registraron más incendios forestales hasta el pasado mes de octubre
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Los rescates en montaña por negligencia se cobrarán
El Gobierno del Principado estudia la fórmula para incorporar la nueva ordenanza en los presupuestos
18.11.09 - ANA MORIYÓN | CANGAS DE ONÍS
Las imprudencias en la montaña podrían comenzar a pagarse el próximo año. El Principado estudia la fórmula jurídica para incorporar, en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2010, la nueva ordenanza para la aplicación de tasas en los rescates donde haya negligencia por parte de la víctima. El objetivo es claro: gravar a quienes, por ejemplo, acudan a la montaña sin tener en cuenta las inclemencias del tiempo, o sin estar suficientemente equipado. «La gente tiene que ser consciente de que no se pueden correr esos riesgos, porque también está poniendo en peligro la vida de los profesionales que tienen que salir a rescatarles», sentenció ayer la consejera de Presidencia durante su visita a Cangas de Onís.
María José Ramos reconoció que su intención es aplicar estas nuevas tarifas el próximo año, aunque admitió también que aún hay que salvar algunos trámites administrativos para poder conseguirlo. «Estamos en la parte del estudio jurídico y del trabajo previo», aclaró. Una vez en vigor la ordenanza, su desarrollo tampoco será un camino de rosas. Hasta la fecha solamente disponen de un reglamento de estas características Cataluña y Cantabria, aunque en la comunidad vecina aún no se ha aplicado. La mayor dificultad radica en que debe ser un juez quien dilucide si las víctimas han actuado de forma negligente o no. En cualquier caso, desde el Gobierno regional se entiende que «la idea es válida».
El ejemplo de Cantabria
La idea fue planteada ya el pasado mes de mayo en el marco de las V Jornadas Técnicas de Coordinación de Emergencias de las tres comunidades autónomas que aportan terreno al Parque Nacional de los Picos de Europa, donde se registran la mayor parte de los rescates de montaña. Desde entonces el Principado viene mirándose en el espejo de Cantabria, donde la ley entró en vigor el pasado uno de enero y, aunque aún no ha sido aplicada en casos reales, la comunidad vecina dispone ya de una relación de tarifas. Así, se cobrará cien euros por el establecimiento de un dispositivo de rastreo o búsqueda, y cincuenta más cada hora; por la salida de toda una dotación completa de un parque de emergencias (cuatro bomberos) la tarifa ascenderá a los 327,9 euros la hora y, por un equipo de espeleología (alrededor de quince personas), la víctima pagaría 500 euros hasta las seis primeras horas, con cien euros más cada hora a partir de la séptima.
La consejera responsable de los Servicios de Emergencia del Principado de Asturias insistió una vez más en que la aplicación de este tipo de tasas en los rescates «no tiene fines recaudatorios», aunque sí quiso tratar de concienciar a la población de la necesidad de «hacer un buen uso de los recursos públicos», que suponen un importante desembolso para los contribuyentes. Y, como ejemplo, recordó que el servicio de un helicóptero medicalizado junto a dos aeronaves para los tres próximos años, supondrá al Gobierno del Principado una inversión de 8,7 millones de euros.
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