En primer plano, zona donde estaba prevista la construcción del complejo polideportivo.

La Diputación de León decidirá hoy si recurre la sentencia que le obliga a pagar 3,2 millones a la empresa Esquí & Golf Resort por la restitución de 39 parcelas de San Isidro, durante el mandato de Javier García-Prieto, en las que se habían proyectado casi cien viviendas y un hotel de lujo.

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 9 de León no es firme y tanto la Diputación como la empresa demandante podrían recurrir ante la Audiencia Provincial.

En cualquier caso, tanto si hay recurso como si no, la Diputación de León mantiene los planes de desarrollo urbanístico en San Isidro para acabar con la estacionalidad del negocio y dotar de infraestructuras capaces de atraer visitantes también en los meses de verano.

El portavoz del Grupo Popular de la Diputación de León, Jaime González, aseguró ayer en declaraciones a este periódico que en caso de que la Diputación tuviera que «recomprar» los terrenos la institución provincial podría «enajenarlos de nuevo en unos dos años».

El portavoz de los populares ha calificado como «operación transitoria» el proceso que le llevaría a reintegrar a Esquí & Golf Resort el precio de los terreno más los gastos de gestión urbanística, edificación y urbanización y devolvería las parcelas a los inventarios del Palacio de los Guzmanes. La Diputación tendría que «adquirir un patrimonio que en un plazo breve puede volver a enajenar», aseguró el portavoz de los populares en la Diputación.

González asegura que la Diputación aún no ha valorado de dónde saldrían los 3,2 millones, pero que habría varias opciones, que incluyen desde una modificación presupuestaria con la sustitución de alguna partida, financiación con remanentes de la liquidación del presupuesto o cualquier otra vía. «La Diputación tiene el buen hábito de pagar muy bien», asegura el portavoz y añade que «no va a ser problema que haya que pagar».

No obstante, la financiación del pago no está en el orden del día de la reunión que van a mantener hoy PP, PSOE y UPL con la asesoría jurídica de la Diputación para valorar la viabilidad de recurrir la sentencia. «No estamos en la fase de decir de dónde se saca el dinero», afirman los populares.

Jaime González justifica la participación de los tres grupos políticos en la porque la enajenación de las parcelas se aprobó por unanimidad en un Pleno del 2004. La decisión final tratará de ser consensuada entre los tres grupos para favorecer lo máximo posible a los planes de desarrollo de la estación de San Isidro.

No obstante, la opinión del asesor legal de la Diputación será lo que más pese en la decisión de recurrir o no.

Por su parte, Esquí & Golf Resort también podría presentar recurso ya que el juez sólo ha estimado la mitad de los que reclamaba (6,2 millones de euros). La Diputación también mantiene abierta la vía de la negociación. Jaime González ha declarado que no se descarta llegar a un acuerdo con la empresa si las pretensiones «son asumibles».

Tercera vez que una irregularidad legal paraliza el despegue urbanístico

En San Isidro sólo hay una estación, el invierno. La vida llega con la nieve y se va con ella. Los intentos que la Diputación de León lleva diez años realizando para acabar con la estacionalidad del negocio han fracasado y el esquí sigue siendo lo único capaz de atraer visitantes al entorno.

Los esfuerzos de la institución provincial por quitar de la estación el adjetivo «invernal» y sustituirlo por «de ocio» se han estrellado una y otra vez con procesos judicial, que han obligado desembolsar cientos de miles de euros de las arcas de la Diputación. Ahora incluso podrían ser varios millones.

La justicia ha paralizado ya los proyectos del complejo deportivo -”que incluía spa, piscina climatizada, pista de hielo y gimnasio-” y el campo de golf, básicos en los planes de la Diputación para atraer visitantes durante todo el año.

La sentencia por la demanda de la empresa Esquí & Golf Resort, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número 9 de León obliga a la Diputación a la recompra de los terrenos (2.339.773,79 euros) y al pago de gestión urbanística, edificación y urbanización de los terrenos (909.463,98 euros). Un cargo de más de tres millones que gravará las cuentas de la Diputación, en caso de que no recurra y no logre una sentencia más favorable.

No es la primera vez que un problema legal condiciona los planes para la estación de esquí. En la primavera del 2008 el Consejo Consultivo de Castilla y León consideró de nulo derecho el procedimiento administrativo en la adjudicación de las obras del complejo deportivo y recomendó la resolución del contrato con la constructora San José. Este fallo costó 300.000 euros hace casi tres años.

Las irregularidades en este proceso forzaron la apertura de un expediente de responsabilidad disciplinaria al arquitecto jefe de la Diputación, que avaló la construcción del complejo deportivo en una zona clasificada como uso de hotelero en una parcela destinada a equipamiento.

Además, la UPL amenazó con fiscalizar el asunto por irregularidades en la adjudicación. La Diputación dejó de percibir 700.000 euros en mejoras que ofrecía la empresa Acis en comparación con San José, que finalmente ganó el contrato por 2,8 millones.

La dotación de línea eléctrica tampoco ha estado exenta de irregularidades. En febrero del 2007 la Junta de Gobierno acuerda dejar sobre la mesa el procedimiento abierto para la línea de alta tensión y volver a repetir el proceso. La Junta paralizó el inicial por no contar con estudio de impacto ambiental en zona del parque regional de Picos.

El blanco y verde con el que sueña muchos todavía no conjunta en San Isidro. Los planes de la Diputación para una de las zonas de la montaña leonesa con más posibilidades de desarrollo ha chocado con otros colores, el negro sobre blanco de las sentencias judiciales.

Fuente: Diario de León