El afectado, ahora fuera de la política provincial pero procurador del PP en las Cortes, asegura que todo fue un error que achaca al arquitecto provincial, que en el informe previo no advirtió que ese suelo no podía acoger ninguna infraestructura polideportiva. García Prieto afirma que, en cuanto se detectó ese error, emitió un decreto paralizando el contrato. De esta forma, también impidió que se iniciaran las obras.

La Diputación está analizando ahora las diferentes posibilidades que se abren para dotar a la estación de un centro deportivo. Pero la tarea no es fácil. Primero, debe buscar unos terrenos donde se permita la construcción, y si no los hay en la zona de la estación, se vería obligada a pedir a la Junta una modificación del plan general regional. García Prieto asegura que es una fórmula habitual pedir al Gobierno regional que cambie el Plan Director. Para ello, debe ser la Diputación la que promueva el cambio de uso del suelo.

El impulso de la Diputación a San Isidro fue un proyecto ideado hace años que apostó por la estación como fórmula de ocio e ingresos económicos. El objetivo, bueno en sí, sólo falló en las formas que ahora se han desvelado irregulares.

Para resolver la situación, los escollos son numerosos. La construcción de ese polideportivo está plagada de anomalías que ahora se ve obligada a resolver la presidenta actual de la Diputación, Isabel Carrasco.

Cuando se adjudicó el proyecto, la empresa Construcciones San José fue quien se alzó con las obras. Pero otra sociedad, Acis 2000, recurrió esa adjudicación ante los tribunales porque consideraba que su oferta era más barata y ofrecía más servicios y, sin embargo, no fue la ganadora del concurso. Ante esa situación y el cruce de demandas, la Diputación optó por recurrir el contrato, lo que significa que se lo quitó a Construcciones San José.

La empresa que se vio privada del proyecto, San José, consideró que la decisión perjudicaba sus intereses y reclamó una indemnización de 300.000 euros, 50 millones de pesetas. La Diputación no ha pagado aún esa indemnización.

Para saber la situación real del conflicto, la actual presidenta de la institución provincial se dirigió al Consejo Consultivo, que preside el ex alcalde del PP de León, Mario Amilivia, para que el organismo emitiera un informe que sirviera de base. Ese dictamen, según ha podido saber este periódico, ratifica que el proyecto del polideportivo es irregular porque se asienta sobre un terreno destinado a otro uso urbanístico.

Los próximos pasos que dará Isabel Carrasco será informar a la oposición, PSOE y UPL, sobre la situación y las recomendaciones del Consejo Consultivo para tomar una decisión basada en el consenso y asentada sobre la plena legalidad.

Pero parte del principio de que debe entrar la iniciativa privada para evitar que sea el dinero público quien financie el centro de ocio, sea en la estación o en otra ubicación que se determine.

Fuente: El Mundo
Carmen Moreno