Una comisión de ámbito nacional integrada por expertos independientes será la encargada de la salvaguarda de los derechos de autor en Internet. Se llamará Comisión de Propiedad Intelectual y tendrá unos poderes hasta ahora inéditos para un órgano administrativo, puesto que suya será la potestad de bloquear las páginas web que alojen o faciliten sin permiso enlaces de archivos sujetos a derechos como películas, canciones y videojuegos. La tutela judicial del proceso, que en el caso del corte de las conexiones de los internautas particulares nadie pone en duda, queda al menos en entredicho, en el caso del bloqueo de las web, que podrá ser decidido en primera instancia por la citada comisión.
La propia ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, reconoció ayer en el Senado que se tratará de un procedimiento administrativo el que decida, "con plenas garantías", las medidas que habrá que adoptar "contra aquellos que se apropien de los contenidos de otros", y que la intervención de un juez puede ser necesaria en ocasiones, pero será la Comisión quien valore esa opción.
La vaga redacción de la modificación legal reproducirá la polémica que ya han vivido otros países europeos sobre si es necesaria la intervención judicial previa para restringir los servicios en Internet. Recientemente, el Parlamento Europeo aprobó por unanimidad la directiva en la que se retiraba ese requisito, y Francia ha creado un organismo administrativo (Hadopi) con potestades para perseguir a los internautas que realicen descargas de archivos protegidos. La gran diferencia en el caso de España es que la Comisión se centrará en la persecución de las páginas web tanto de descargas directas como de programas p2p de intercambio de archivos y no perseguirá a los internautas particulares que realicen esas descargas. "En ningún caso, se va a cortar Internet a los usuarios", dijo González-Sinde.
Esta es la principal propuesta que la comisión interministerial encargada de realizar un diagnóstico sobre la llamada "piratería" en Internet ha elevado al Gobierno, y que éste ya ha plasmado, en parte, en la Ley de Economía Sostenible, en cuya disposición final se modifica tanto la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) como la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) para dar cobertura legal a ese organismo, cuyo funcionamiento se desarrollará por un reglamento posterior.
La Comisión de Propiedad Intelectual (en realidad, es una segunda sección de este organismo que ya funciona en la actualidad pero con otras competencias) dependerá funcionalmente del Ministerio de Cultura, tendrá entre tres y cinco miembros, que serán elegidos, con el máximo consenso posible, con la participación de otros departamentos como el Ministerio de Industria.
Para detectar las web que vulneren la ley, podrá solicitar a las compañías de acceso a Internet (Telefónica, Jazztel, Vodafone, Orange y operadores de cable) los datos que considere oportuno para su identificación y estas operadoras estarán obligadas a ofrecérselos. Una vez que comprueben esa vulneración remitirán varios avisos para que cesen en su conducta. En caso de no hacerlo, podrán solicitar el bloqueo de la web o la retirada de contenidos de la misma. Los responsables de las páginas denunciadas tendrán derecho a ser oídos y a la presunción de inocencia, informaron en fuentes de la Comisión Interministerial.
Y es que en la modificación de la LSSI se equipara la "salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual" a los otros cuatro motivos que hasta ahora permitían restringir y, en su caso, interrumpir la prestación del servicio, como son la investigación penal y la seguridad nacional; la salud pública; la dignidad de la persona y la protección de la infancia.
Sin embargo, ni la LSSI ni las modificaciones legales ahora introducidas aclaran el espinoso asunto de la tutela judicial, aunque a juzgar por las declaraciones de la ministra de Cultura no habrá intervención previa del juez salvo que la Comisión lo decida. González-Sinde se remitió a la directiva del Paquete Telecom aprobada la pasada semana en Estrasburgo que da libertad a los Estados para decidir si la regulación de las descargas se realiza por un procedimiento administrativo o judicial.
Las inesperadas declaraciones realizadas la pasada semana por la comisaria de la Sociedad de la Información, Viviane Reding, de que España tendría problemas con su legislación antidescargas cobran ahora sentido. Desde instancias oficiales, se atribuyeron entonces a la desinformación de la comisaria, pero tal vez estuviera más informada de lo que todos pensaban.
www.elpais.com/articulo/cultura/Nace/pol...91202elpepicul_2/Tes
En WeblogsSL creemos que estamos en un momento especialmente delicado en cuanto al desarrollo de internet en España. El proyecto de Ley de la Economía sostenible nos ha sorprendido a un gran grupo de ciudadanos, empresas y organizaciones que conocemos, construimos y amamos la internet que tanto valor está aportando a nuestra sociedad. Algunos de los cambios que se han incluido en dicho proyecto pueden transformala e inaugurar en período con menos derechos para los ciudadanos, menos privacidad y menos libertad de expresión, y con una gran inseguridad para las empresas que en ella trabajamos. Algunos análisis de estos cambios los podemos encontrar en Merodeando, El Blog Salmón, Periodistas 21, Netoratón, Público, Enrique Dans o El País.
A la luz de este acontecimiento, hemos participado en la elaboración de un Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet”, cuyo texto asumimos y apoyamos como el punto de arranque de una oposición crítica a todos los intentos, vengan de parte de quien vengan, de menoscabar los derechos de los ciudadanos y las empresas en internet a favor de unos pocos.
Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet”
Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
www.weblogssl.com/2009/12/02-en-defensa-...udadanos-en-internet
Si ya veo a mis hijos yendo a clase con el pizarrín y una tiza, y los profesores en vez de presentaciones con Power Point con proyectores de estos viejos de apretar el botón y de que pasan la foto xD.
Si es que no voy poder ni tararear el Asturias patria querida
y demás mierda parecida........................
