Imprimir

Solo 7 alegaciones al estudio de Fuentes de Invierno

El estudio de impacto mediambiental de Fuentes de Invierno sólo ha recibido siete alegaciones. El periodo para presentar las reclamaciones expiró ayer después de un mes a disposición de los ciudadanos en Información Pública. Daniel Gutiérrez Granda, director general de Deportes del Principado, manifestó ayer su satisfacción por los resultados obtenidos. A su entender, se han registrado "muy pocas" alegaciones para tratarse de una obra tan importante.

Granda señaló que, no obstante, esta cifra podría no ser la definitiva. Según explicó, cabe la posibilidad de que el Principado reciba en los próximos días alguna reclamación más por correo. A pesar de todo, el director general de Deportes sostiene que, según su experiencia en este tipo de cuestiones, "no se registrarán muchas más".

De todas estas alegaciones, una ha sido presentada por ´Ecoloxistas en Acción´ y "otras tres o cuatro son de casos particulares", explicó Granda. No determinó, sin embargo, el contenido de las mismas puesto que "aún no me ha dado tiempo a mirarlas".

Trámites
La dirección general de Deportes estudiará a partir de hoy las reclamaciones y, tras darles respuesta, enviará el estudio de impacto de Fuentes de Invierno a la Comisión Asturiana de Medio Ambiente (CAMA). Una vez aprobado, se iniciarán los trámites para adjudicar las obras.

Granda señaló, en este sentido, "que hasta el momento hemos cumplido todos los plazos". Este hecho supone para el director general de Deportes una garantía más para que las obras arranquen, según las previsiones, a finales de verano.

El futuro complejo deportivo del Alto Aller, que se ubicará en el Pico Toneo --en la vertiente asturiana del puerto San Isidro--, tendrá ocho kilómetros esquiables, 14 pistas y cinco remontes. La obra se financiará con cargo a los Planes Complementarios para la Reactivación de las Comarcas Mineras. La inversión asciende a 10,8 millones de euros. El objetivo es ampliar en un futuro las cifras del complejo, para lo que las distintas administraciones estudian recurrir a empresas privadas.

Fuente: La Voz de Asturias